¿Qué puede pasar ahora?

La Nación

Vizcarra hizo pública su decisión de disolver el Congreso y convocar elecciones legislativas para el próximo 26 de enero aplicando una norma constitucional que le habilita a ello si la cámara le niega una cuestión de confianza a dos gabinetes presidenciales.

El actual Congreso fue elegido en 2016 para un periodo que terminaba en 2021.

La crisis es el reflejo de una abierta división entre el gobierno y el Congreso desde las elecciones generales de 2016, cuando el partido fujimorista Fuerza Popular logró la mayoría parlamentaria.

Otra sombra que se cierne sobre el país es el escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht, que en 2018 le costó el cargo al presidente Pedro Pablo Kuczynski y llevó a la asunción de Martín Vizcarra, su entonces vicepresidente.

La última vez que sucedió un hecho similar fue en 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori alegó obstrucción del Parlamento en temas de seguridad y economía. Sus críticos afirmaron que fue para tapar las investigaciones de corrupción en su contra y consolidar su poder.

Más allá de ese precendente, la Constitución contempla que las elecciones para conformar un nuevo Congreso deben realizarse dentro de los cuatro meses siguientes a la disolución de la Cámara.

Elegido un nuevo Parlamento, este puede censurar al Consejo de Ministros o negarle la cuestión de confianza después de que el presidente del ente haya expuesto los motivos de la suspensión parlamentaria.

Si las elecciones no se celebraran en el plazo señalado, «el Congreso disuelto se reúne de pleno derecho, recobra sus facultades, y destituye al Consejo de ministros», se lee en la Constitución.

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